Catorce incidentes en seis años, y siete de ellos nunca tuvieron una línea publicada

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• Ciudad de Buenos Aires · 9 Edesur, Transportadora de Gas del Sur, Grupo Albanesi, BTU S.A., Amarilla Gas, Comisión Nacional de Energía Atómica, Hidrocarburos Argentinos S.A., Hidrocarburos Argentinos S.A., AySA
• Buenos Aires · 3 Aguas Bonaerenses S.A., 360 Energy, Electricidad Panamericana
• Santa Cruz · 1 Yacimientos Carboníferos Río Turbio
• Río Negro · 1 Oleoductos del Valle

Hidrocarburos Argentinos aparece dos veces, con cinco meses y dos grupos distintos de por medio. Ninguna de las dos apariciones tuvo cobertura. AySA y ABSA no son energía: se incluyen porque son servicios esenciales con tecnología operativa y millones de usuarios, que es la categoría que importa acá. Quedan afuera, por ahora, el transporte y la defensa: EANA (el control de tránsito aéreo) y la ferroviaria estatal ADIF aparecieron en sitios de filtración en 2026 sin una línea publicada, y ese límite del criterio está dicho abajo.

Los datos completos, con lo que declaró cada organización, lo que reclamó cada atacante y las fuentes de cada fila: ciber-incidentes.json.

El caso de Oldelval mide la brecha con precisión. El grupo The Gentlemen publicó a la empresa en su sitio el 23 de julio de 2026; el hecho relevante ante la CNV está cargado el 31 de julio, y las primeras notas de prensa son del 2 de agosto. Durante ocho días la información existía y circulaba, del lado de quien atacó. Del otro lado no la tenía nadie, ni el mercado, ni las operadoras que contratan ese mismo ducto.

El detalle que ordena todo lo demás es cuál fue el canal. Oldelval informó a la CNV, el regulador del mercado de capitales, porque emite deuda ahí y le corresponde comunicar un hecho relevante. No existe un deber equivalente frente a un regulador energético. Una empresa del sector que no cotiza y a la que nadie llama por teléfono no tiene por qué contarle a nadie que la comprometieron; siete filas de este registro muestran que, efectivamente, no lo cuenta.

Ese canal tiene un historial que nadie había mirado. La pasada por las fichas públicas de la CNV que sostiene esta actualización (30 emisoras energéticas, unas 44,000 presentaciones desde 2000) encontró exactamente dos incidentes comunicados: el de Oldelval y uno anterior que ninguna cronología registra, el hecho relevante "Ciber ataque" que las tres emisoras del grupo Albanesi presentaron el 16 de febrero de 2023, dos días después de que LockBit las publicara. Enfrente, TGS y Edesur también eran emisoras cuando fueron atacadas, y no hay un hecho relevante ciber en el historial de ninguna de las dos. La norma deja el juicio de materialidad en manos de cada emisora; el resultado agregado es un canal que existe y casi no se usa.

La consecuencia es que ninguna operadora aprende del incidente de la de al lado. No hay un mecanismo de intercambio entre pares del sector, del tipo que existe en otros países para electricidad y para petróleo y gas. Cada empresa enfrenta a los mismos grupos, de a una, sin saber qué le funcionó a la anterior.

A TGS le atacaron el SPAC, la plataforma donde se procesan las solicitudes, la asignación y la programación de los volúmenes de gas de la red de gasoductos. Desde ahí nadie mueve una válvula. Desde ahí se decide cuánto gas entra, de quién es, y a dónde va. Un oleoducto tiene una capa equivalente para nominación y balance de crudo, y cumple la misma función: es lo que convierte contratos en flujo físico programado.

Esa capa es administrativa en el organigrama y operativa en la práctica. Cuando se cae, el caño sigue lleno y el gas sigue moviéndose, pero la programación pasa a hacerse por teléfono y planilla, los balances se reconstruyen después, y las penalidades por desvío quedan en disputa. La distinción entre tecnología de información y tecnología operativa, que estructura toda la práctica de seguridad industrial, deja pasar justo por el medio al sistema que decide el despacho.

El incidente de Edesur en 2020 apunta al otro lado del problema. El ransomware fue Snake, también conocido como EKANS, que trae una lista de procesos industriales y los termina antes de cifrar, incluidos programas de interfaz de operador e historiadores de proceso. No hay evidencia pública de que esa capacidad se haya ejercido en Edesur, y este registro no afirma que se haya ejercido. Lo que sí se puede decir es que la familia la trae por diseño, y que llegó a una distribuidora eléctrica argentina en junio de 2020.

Las dos compilaciones profesionales que lo registran lo clasifican como denegación de servicio. En paralelo circula una atribución al grupo ALPHV/BlackCat que no hay manera de sostener: TGS no figura entre las 731 víctimas listadas de ese grupo, y la nota que suele citarse como respaldo trata de Creos Luxembourg, una empresa de gas y electricidad luxemburguesa, sin mención de Argentina. Parecen ser dos hechos distintos que en algún momento se fundieron en uno.

Por eso la fila de TGS queda sin atribuir, y por eso este registro separa la confianza en que el incidente ocurrió de la confianza en quién lo hizo. Un sector que discute su exposición sobre la base de un caso cuya autoría nadie verificó no está discutiendo sobre datos.

Un nombre de grupo no es una organización estable. Debajo de la marca hay operadores que rotan, plataformas que alquilan su cifrador a afiliados (el modelo RaaS), infraestructura que la policía incauta y marcas que renacen con otro nombre. Las fichas anotan eso caso por caso: dos de las once, las que publicaron a la misma empresa con cinco meses de diferencia, posiblemente sean el mismo operador con otro cartel.

Las fichas completas, con alias, estados fechados y fuentes: clave actores de ciber-incidentes.json.

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crimen económico · operación estatal · sin atribuir

La mitad regional de la tabla es la misma economía que produjo el registro argentino: ransomware criminal contra la capa administrativa de empresas de energía, con la operación física intacta y los datos como rehén. Dos detalles conectan directo con Argentina. Copel, Eletrobras y Ecopetrol le contaron el incidente al mercado con formularios 6-K ante la SEC, que es el mismo canal por el que se supo lo de Oldelval: la divulgación por regulador bursátil en vez de energético es un patrón regional, no una rareza local. Y el grupo que publicó a Oldelval había publicado a Ecopetrol seis días antes: para un operador de ransomware, la región es un solo mercado.

La mitad global es la escalera que la capa administrativa tiene arriba. Colonial Pipeline es el peldaño que este registro más necesita mirar: el ransomware entró por la red informática y el operador paró el ducto entero durante cinco días, por decisión propia ante la duda sobre el alcance; el regulador de ductos después le imputó no tener plan para operar en manual. Los tres casos ucranianos y el saudí son los peldaños de arriba, y ya no son crimen económico sino operaciones estatales con acusación formal de por medio: subestaciones operadas a distancia en 2015 y 2016, el intento repetido en plena invasión en 2022, y la reprogramación de los controladores de seguridad de una planta petroquímica, la última barrera antes del accidente físico.

Dos casos de la tabla funcionan como contraejemplos más que como amenazas. El sector eléctrico danés detectó en días un barrido coordinado contra 22 operadoras porque su CERT sectorial tenía sensores en las redes de los miembros: es la versión en funcionamiento del mecanismo de intercambio entre pares cuya ausencia registra la sección de divulgación. Y Norsk Hydro respondió a su ransomware publicando el proceso entero, con el costo puesto en números por la propia empresa: el patrón de divulgación inverso al que documenta este registro.

Los doce casos, con sus fuentes primarias (6-K ante la SEC, acusaciones formales, informes de los CERT): en el archivo de datos, clave contexto_internacional de ciber-incidentes.json.

Lo que hay es una definición sin obligaciones. La Resolución 1523/2019 define infraestructuras críticas y lista once sectores, energía incluida, pero no le impone nada a ningún operador. La Decisión Administrativa 641/2021 fija requisitos mínimos y un deber de reporte a 48 horas, solo para la administración pública nacional. El CERT.ar responde incidentes desde el Centro Nacional de Ciberseguridad, creado por decreto de necesidad y urgencia a fines de 2025, pero no puede exigirle un reporte a una empresa privada. Y el marco eléctrico y gasífero no menciona el reporte de ciberincidentes en ninguna parte: ni las leyes 24.065 y 24.076, ni el flamante ENRGE que fusionó al ENRE y al ENARGAS en 2025.

Los relojes que sí corren en Argentina están en otros lados. El de la CNV: una emisora informa "en forma inmediata" todo hecho que pueda afectar sus valores (la norma no menciona ciberincidentes), y por esa cláusula general se supieron los dos únicos casos comunicados del sector, Albanesi en 2023 y Oldelval en 2026. El del BCRA: desde 2025, una entidad financiera notifica un ciberincidente dentro de la primera hora. Un banco tiene una hora; una transportista de gas, ninguna obligación.

La ausencia no es un descuido: hubo proyectos, y caducaron. El que creaba un instituto nacional con reporte obligatorio para operadores de servicios esenciales caducó en 2021 sin dictamen, y volvió a caducar reproducido. Un plan nacional de infraestructuras críticas específico de la energía caducó dos veces en Diputados. La única decisión efectiva del período, el Centro Nacional de Ciberseguridad, llegó por decreto, sin pasar por el Congreso y sin deber de reporte para privados.

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El espejo más cercano es Chile. La electricidad entró en la primera nómina de operadores de importancia vital en diciembre de 2025; los combustibles y los ductos, en la segunda, en julio de 2026. El deber de reporte que de este lado no existe, cruzando la cordillera corre a tres horas. Y el paralelo más exacto del canal argentino es el de la SEC: el mismo regulador bursátil que acá recibió el hecho relevante de Oldelval, allá nombró a los ciberincidentes en su formulario y les puso plazo propio.

Lo que la inteligencia artificial cambia, según lo documentado hasta hoy, es el costo y la escala de ataques que ya existían: redactar el engaño, negociar el rescate, escribir el código. Y una precisión que ordena la sección: ninguna de las catorce filas de arriba tiene un componente de IA documentado. Esta sección está por lo que viene, no por lo que pasó.

En 2025 lo ofensivo dejó de ser hipótesis. Anthropic documentó a un operador que usó su agente de código para automatizar una campaña de extorsión sobre al menos 17 organizaciones, notas de rescate incluidas. ESET describió PromptLock, un ransomware que genera sus scripts en el momento con un modelo local, revelado después como prototipo académico. Y una plataforma RaaS nueva salió a reclutar afiliados con un chatbot de negociación integrado al panel. Tres reportes primarios, tres eslabones distintos de la misma cadena de extorsión.

Del lado defensivo hay menos novedad de la que parece. La detección de anomalías en redes industriales es anterior a la ola de modelos de lenguaje por más de una década, y donde los modelos ayudan hoy es en digerir avisos y priorizar alertas. La adopción en tecnología operativa es lenta por una razón sana: un falso positivo puede costar producción física.

La medición va más rápido que la doctrina. Un agente de inteligencia artificial entró en el top 10 del capture the flag de tecnología operativa de Dragos en 2025, un torneo pensado para especialistas humanos. Y empezaron a aparecer bancos de prueba para medir modelos en entornos industriales reales, como CritBench sobre subestaciones digitales bajo la norma IEC 61850.

Ninguno de esos trabajos toca la capa de nominación y despacho. Es decir: la literatura mide subestaciones y controladores, mientras los dos incidentes argentinos de los que se conoce el sistema afectado pegaron en la capa comercial que programa el flujo. Al mismo tiempo, esa capa comercial es adonde están llegando primero los copilotos y los agentes, porque es la que tiene datos tabulares, procedimientos escritos y decisiones repetitivas.

Este registro no responde qué pasa cuando un agente con acceso de escritura opera ahí. Lo deja planteado con la única base que corresponde, que son los incidentes que ya ocurrieron.

• Juegos de guerra (1983): el mito fundacional del adolescente que entra a todo. Produjo política real: Reagan la vio, preguntó si algo así podía pasar, y la respuesta terminó en la primera directiva de seguridad informática de EE.UU., la NSDD-145 de 1984. Allá la ficción produjo regulación; acá la realidad todavía no.
• Duro de matar 4.0 (2007): el "fire sale", toda la infraestructura cayendo en días, con explosiones. En las catorce filas argentinas el caño siguió lleno y la luz no se cortó.
• Hacker: amenaza en la red (Blackhat, 2015): la rareza del género, porque el objetivo es una capa de mercado. Es lo más cerca que la ficción estuvo de la capa comercial que documenta este registro, y aun así necesitó reventar una planta para sostener la trama.
• Mr. Robot (2015–2019): celebrada por el realismo técnico. Su ataque central no apaga la luz: cifra los registros de deuda de un conglomerado. Un guionista eligió como apocalipsis creíble exactamente la economía de este registro.
• Zero Days (2016): el documental sobre Stuxnet, única entrada de no ficción de la lista y puente directo a las filas estatales de la tabla internacional.
• Dejar el mundo atrás (2023): el colapso total como imaginario de masas, del creador de Mr. Robot. El contraste exacto: acá hubo catorce incidentes y ningún apagón.

Los casos que sí se parecen a las películas existen y están en la tabla internacional: Ucrania en 2015, 2016 y 2022, la planta saudí en 2017. Todos son operaciones estatales, con acusación formal de por medio; ninguno pertenece a la economía criminal que produjo las filas argentinas. La ficción entrenó al público para temer el apagón. El riesgo documentado acá es más aburrido, más barato y más cercano: un servidor cifrado, una factura robada, un contador que llega a cero en un sitio de la red Tor.

No se puede afirmar que estos catorce sean todos. Son los que dejaron rastro público, y el propio registro muestra que el rastro depende de si el atacante decidió publicar y de si la empresa cotiza. Un incidente resuelto en silencio, sin exfiltración y sin cotización, no aparece acá ni en ningún lado.

No se puede afirmar que las ocho filas de confianza media hayan ocurrido como las cuenta el atacante. Un grupo de ransomware publica víctimas para presionar, y tiene incentivo a exagerar el alcance, el volumen y la sensibilidad de lo que se llevó. Lo verificable es que la publicación existe, no lo que dice.

No se puede afirmar nada sobre el estado de la seguridad de ninguna de estas organizaciones. Aparecer en el registro significa que fueron atacadas, no que estuvieran mal preparadas; varias de las que aparecen contuvieron el incidente sin interrupción de servicio. La ausencia del registro tampoco significa lo contrario.

No se puede afirmar que los grupos de las fichas sean organizaciones estables. Un nombre agrupa operadores que rotan, afiliados que cambian de plataforma e infraestructura que se incauta y renace con otro cartel; dos fichas de este registro posiblemente sean el mismo operador. Cada estado vale a su fecha de corte, no después.

No se puede afirmar que la capa de nominación y despacho sea el punto de entrada preferido. Son dos casos con sistema conocido sobre catorce incidentes. Es una hipótesis que la evidencia disponible hace razonable, y que hace falta contrastar con gente que opere esos sistemas.

No se puede leer la tabla internacional como un censo. Es una curaduría de doce casos con el criterio declarado en su sección: el mundo tuvo muchos más incidentes que esos, y la selección los eligió porque iluminan hallazgos argentinos, no porque sean representativos de nada.

Y no se puede tomar la sección normativa como opinión legal. Describe textos vigentes al 3 de agosto de 2026, varios en movimiento (la regla permanente de ductos en EE.UU. sigue en proyecto, el ENRGE está en plena constitución), y no evalúa si las normas de otros países funcionan: registra solamente qué obligación existe y cuál no.

• Extender la pasada por la CNV

  La pasada que sostiene esta actualización leyó los títulos de unas 44,000 presentaciones de 30 emisoras; no leyó los adjuntos, ni cubrió a las distribuidoras provinciales chicas, ni corre sola. Lo que sigue: leer el contenido de los hechos relevantes con carátula opaca, sumar las emisoras que faltan y automatizar el barrido de la ficha pública de cada una, con la misma mecánica del monitor de ransomware.live. Achica el límite de "estos catorce no son necesariamente todos".

• Contrastar la hipótesis con quien opera esos sistemas

  Ocho a diez conversaciones con gente de operadoras (la que usa los sistemas de nominación, balance y despacho), agregadas y anonimizadas en un anexo de dos páginas. Cierra el límite más incómodo del registro: la hipótesis de la capa comercial hoy se sostiene en dos casos con sistema conocido.

• Medir agentes de IA sobre la capa de nominación y despacho

  Un banco de pruebas con escenarios sacados de los incidentes de este registro, sobre una capa sintética de nominación y despacho. La sección de inteligencia artificial deja una pregunta planteada; la literatura mide subestaciones y controladores, y esta capa no la mide nadie.

• Dimensionar un mecanismo de intercambio entre pares

  Una nota técnica sobre la versión mínima del modelo danés que le cabe a un sector con catorce incidentes conocidos y cero obligación de reporte: quién pone los sensores, quién ve qué, y qué se comparte sin exponer a nadie. Cierra el hallazgo de que cada operadora enfrenta sola a los mismos grupos.

Seguimiento y respuesta

• CERT.ar: el equipo nacional de respuesta a incidentes, hoy bajo el Centro Nacional de Ciberseguridad; adonde reporta el sector público, y la fuente de las estadísticas oficiales.
• ransomware.live: el rastreador abierto de víctimas de ransomware del que se alimenta el monitor de este registro; datos y API gratis.
• CISA ICS Advisories: los avisos oficiales de EE.UU. sobre vulnerabilidades en equipos de control industrial, por fabricante y por producto.
• Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI): la red hispanohablante de ciberseguridad industrial, con capítulo argentino activo y membresía básica gratuita.
• SektorCERT, el informe del ataque de 2023: la mejor autopsia pública de un ataque coordinado a un sector eléctrico, escrita por el CERT que lo detectó (PDF, en inglés).
• ONE-ISAC: el centro de intercambio entre pares del oil & gas norteamericano: el modelo de colaboración sectorial que acá falta.

Referencia técnica

• NIST SP 800-82 rev. 3: la guía gratuita de referencia para asegurar tecnología operativa; el punto de partida si hay que armar un programa desde cero.
• SANS, Five ICS Cybersecurity Critical Controls: los cinco controles que una empresa de energía debería tener antes que cualquier otra cosa, en 20 páginas legibles por un gerente; pide cuenta gratuita.
• ISA/IEC 62443: el estándar de ciberseguridad industrial, explicado gratis por sus autores en las guías de ISAGCA; el texto completo del estándar es pago.
• MITRE ATT&CK for ICS: el catálogo estándar de tácticas de ataque a sistemas industriales: el vocabulario de los informes técnicos que cita este registro.
• Dragos, OT Cybersecurity Report: el informe anual de amenazas a sistemas industriales más citado del sector; la edición 2026 pide un mail para descargarse.

Formación y comunidad

• BlueDot, "How AI could enable critical infrastructure collapse": el ensayo de Li-Lian Ang sobre cómo la inteligencia artificial baja la barrera de habilidad y de tiempo para atacar infraestructura crítica; Colonial Pipeline, NotPetya y Ucrania como referencia, y cada afirmación enlazada a su fuente (en inglés).
• BAISH (Buenos Aires AI Safety Hub): la comunidad de seguridad de IA de Buenos Aires; la puerta de entrada local a la disciplina que la sección de IA de este registro cruza con la energía.

Las filas salen de tres canales. La prensa especializada, las comunicaciones de las propias organizaciones y los hechos relevantes ante la CNV dan siete filas, de las cuales seis llegan a confianza alta: la de YCRT queda en media porque su única fuente es una compilación secundaria. Los sitios donde los grupos de ransomware publican a sus víctimas dan las otras siete. Se consultan a través de la interfaz pública de ransomware.live, que al 3 de agosto de 2026 lista 178 publicaciones sobre víctimas argentinas de todos los sectores. Las direcciones de los sitios de filtración están registradas y no se publican.

Un monitor corre contra esa misma interfaz, cruza cada víctima argentina nueva contra un léxico del sector y avisa cuando hay que escribir una fila. La fila se escribe a mano: ningún endpoint devuelve lo que declaró la empresa, y esa columna es la mitad del valor del registro.

La pasada por la CNV se hizo sobre las fichas públicas de la Autopista de la Información Financiera: 30 emisoras energéticas, unas 44,000 presentaciones desde 2000, escaneadas por título en dos pasadas de léxico, más revisión manual fila por fila en las ventanas de los incidentes ya conocidos. El límite del método está en el título: un hecho relevante ciber con carátula opaca no se detecta, y hay emisoras que titulan "HR" a secas. Los adjuntos no se leyeron; ese es el primer ítem de la hoja de ruta.

Las correcciones que lleguen se aplican a la fila y quedan anotadas con fecha en el arreglo correcciones del archivo de datos, con qué cambió y quién lo señaló. Nada se edita en silencio. El pedido está arriba, con la dirección: volver al aviso.

El archivo de datos se publica bajo licencia CC BY 4.0: se puede reutilizar citando la fuente. Cada fila nueva y cada corrección salen también por el feed Atom.

Matías Podeley. Ingeniero del ITBA, dieciocho años en energía: cuatro de operación en Neuquén, simulación de yacimientos gigantes como Camisea, evaluación de proyectos petroquímicos, respaldo técnico a compras de activos por más de US$ 300 millones y cinco años de docencia en evaluación de proyectos. El oficio detrás de este sitio: entender la necesidad de negocio, y armar el proyecto o la herramienta que la resuelve, con IA y fuentes auditables. Buenos Aires.

La investigación en seguridad de inteligencia artificial que hay atrás de la última sección: research.